La Generalitat aprueba leyes ilegales

Esta mañana, alegre y  confiando en nuestras instituciones, he escrito el articulo que precede a éste, hablando sobre la Directiva de Servicios y su por ahora feliz trasposición a la legislación española mediante la Ley estatal  17/2009 de de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, BOE de 24 de noviembre.

Pues bien, la Generalitat de Catalunya acaba de aprobar la Llei 20/2009, de 4 de diciembre, DOGC de 11 de diciembre (derogando la de 1998). Esta Ley es la que establece los requisitos, trámites y procedimientos para poder establecer una actividad económica con alguna incidencia ambiental en Catalunya.

La nueva ley establece la necesidad de autorización previa para gran cantidad de actividades, con unos plazos de tramitación de entre 8 y 10 meses, y sujetas a silencio administrativo negativo, con trámites farragosos, ambiguos y arbitrarios. Es una Ley ilegal.

He leído y releído la Llei 20/2009, y por ningún lado encuentro que se diga que se está adaptando a la legislación catalana la Directiva 2006/123/CE. Y así es, pues la Generalitat se pasa por el forro la Directiva de Servicios.

            Insto desde aquí a los partidos políticos e instituciones competentes y responsables, catalanas, españolas o europeas a que impugnen la Llei 20/2009, pues vulnera fragante y descaradamente la Directiva 2006/123/CE de Servicios y la Ley estatal 17/2009 y es un atropello a los derechos básicos de los ciudadanos europeos.

La batalla contra la corrupción en Catalunya ha sufrido una nueva y aparatosa derrota.