¿Se acabó la licencia previa?

            La Unión Europea aprobó el año 2006 la Directiva de Servicios, 2006/123/CE, por la que se generaliza el principio de que para realizar actividades económicas, ya sean profesionales, comerciales o industriales, sólo es necesario una comunicación previa a la Administración (con puntuales excepciones, como el sector del transporte), indicando que se cumplen todos los requisitos legales pertinentes, sin tener que esperar a obtener la licencia previa para poder iniciar la actividad, como hasta ahora.

            ¿Qué significa tener que pedir licencia previa para poder poner en marcha un comercio, un taller o una industria?. Mediante el mecanismo de licencia previa, la Administración, generalmente un ayuntamiento, comprueba quien quiere establecer un negocio por cuenta propia. Además en una administración, generalmente ineficiente, sirve para hacer perder el tiempo y el dinero al ciudadano que quiere emprender libremente una actividad económica. En una dictadura sirve para dejar “vivir” sólo a los adeptos al régimen

            En Catalunya, la institución de la licencia previa para la realización de cualquier actividad económica, está inoculado dentro del adn de la sociedad, fruto de 40 años de dictadura y 30 años de seguidismo. La democracia es sinónimo también de seguridad jurídica, igualdad de oportunidades y prohibicion de la arbitrariedad. La puesta en marcha de un negocio no puede ser una excepción. El mecanismo de la licencia previa, que siempre puede ser objeto de abuso por parte de la administración, presupone que el ciudadano no es suficientemente maduro y responsable. El sistema más justo, eficiente y respetuoso de los derechos básicos, es el de hacer público y notorio cuales son los requisitos para la instalación y puesta en marcha de una actividad económica, y que el ciudadano que quiera iniciar una, haga una declaración responsable conforme los cumple todos, adjuntando el proyeto firmado por técnico competente, si es necesario, tal como entiende la UE.

            El camino ha sido largo, Desde 1961 las licencias se otorgaban o denegaban de acuerdo con la “Ley  de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas”. El año 1998 la Generalitat aprobó la Llei d’Intervenció Integral,  que derogaba en Catalunya la de 1961. La Llei de 1998, establece el pricipio general de la licencia previa, pero también para algunas pocas actividades de escaso impacto ambiental, un régimen de comunicación, pero otorgando una notable discrecionalidad a los ayuntamientos para determinar que actividades concretas están sujetas al régimen de comunicación. No hace falta ser ningún Einstein para deducir que la mayoría de ayuntamientos han optado por limitar el régimen de comunicación al mínimo posible. Además la Ley de 1998 establecía que la mayoría de licencias se tenían que renovar cada 8 años. Ni Franco lo habría hecho “mejor”. La Directiva de Servicios de la UE prohibe expresamente que las licencias puedan estar sujetas a plazo.

            Se ha terminado tener que ir a llorar al ayuntamiento para que nos concedan una licencia para montar una peluquería, o tener que esperar meses y meses para poder abrir un taller o un bar aún y cumpliendo con toda la legislación vigente. A partir de la próxima trasposición de la Directiva de Servicios ya no estaremos tan sujetos a la arbitrariedad, pasividad, lentitud y corrupción de la Administración.

            La Directiva ha de ser adaptada a la legislación de Catalunya antes del uno de enero de 2010. Ahora que tanto se habla de la dignidad de Catalunya y de los catalanes, sorprende mucho que aún no se haya hecho la trasposición de la Directiva por parte de la Generalitat, cosa que sí ha hecho el Estado español mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, BOE de 24 de novembre.

            Corren precipitadamente para aprobar un Estatut que nadie pedía, excepto los políticos para otorgarse más poder, y miran hacia otro lado cuando hay que aprobar normas innovadoras y revolucionarias que dan más poder y facilidades a los ciudadanos.

 

David Passarell Serred, Abogado e Ingeniero Técnico industrial.